domingo, 5 de noviembre de 2017

De como el PP acabó con la separación de poderes

     Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. - Francisco de Quevedo.


     Mucho hablamos estos días de estado de derecho o separación de poderes, que si en España hay separación de poderes, que si la independencia judicial es una de las bases de nuestro estado de derecho... Tanta reafirmación de lo obvio es un indicador claro de que algo no funciona bien ni en nuestra justicia, ni en nuestro estado de derecho y que por desgracia con la crisis en Cataluña se ha puesto de manifiesto, haciéndonos parecer más el cinematográfico Reino de Zamunda que un moderno y democrático estado europeo.


     La arbitraria y extrema decisión de la juez Lamela contra los Jordis primero y contra parte del legítimo Gobierno catalán esta semana, es la consecuencia del menoscabo que la independencia judicial ha sufrido por las injerencias directas del gobierno de los PPajarracos. La inhabilitación de Baltasar Garzón o la anulación de la justicia universal fueron algunas de las primeras intervenciones de Rajoy y sus esbirros contra el Poder Judicial. A partir de aquí y con la llegada del sibilino Catalá al Ministerio de Justicia, el Gobierno se ha dedicado a poner, quitar o remover jueces, fiscales o responsables de investigaciones en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Catalá usa la Fiscalía General como si fuera suya, obligando a irse a Torres Dulce o destituyendo a Consuelo Madrigal porque no obedecían ciegamente sus órdenes. Con el actual Fiscal de la Maza, Catalá parece tener mejor sintonía. Los dos autoritarios, con escasas convicciones democráticas en lo de aplicar justicia e incluso comparten reprobación parlamentaria. Para que todo salga bien, necesitan tener de su lado a algunos jueces colocados estratégicamente y ahí es donde entran los y las Lamelas de turno. Todo este entramado urdido por Catalá, permite al Gobierno dictar en que términos debe fallar el Constitucional o como deben ser los autos de la juez Lamela, incluso hace unos días cuando se decidió sobre el recurso con el que los Jordis pedían su libertad, participaron cinco magistrados, cuando lo habitual en estas vistillas, es que solo haya tres. Despropósito tras despropósito.

     La vengativa administración de justicia actual y quizás una estrategia electoral, hacen que a nadie extrañe que Puigdemont y sus cuatro consejeros hayan puesto pies en polvorosa. Con un Gobierno plagado de ultras, apoyados por el ultra-centro de Ciudadanos y el PSOE en plena crisis de identidad, han llevado a que en la EsPPaña del siglo XXI no se garanticen ni los derechos fundamentales, ni una justicia justa. Ahora es Puigdemont, pero si seguimos callando, mañana podemos ser cualquiera.

     

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