Tras unos días de despropósitos tanto desde el Parlament de Cataluña, como desde el Gobierno de España, se constata que la ruptura entre la llamada República Catalana y el estado español ya es un hecho. Después de 6 ó 7 años con los amagos de unos y el inmovilismo de los otros, se celebre o no el referéndum del día 1 de Octubre, son muchos los catalanes que ya han desconectado del reino de España, le guste o no a Rajoy y su banda. El recurso en el escorado Constitucional contra el estatut, la crisis económica y la corrupción que pudre al PDeCAT allí y al PP aquí, nos llevaron a un Process que ha sido utilizado por todos. Govern y Gobierno para tapar sus respectivos recortes e ilegalidades, otros como el PSC con el Process maquillan sus malos datos electorales y algunos como Rivera y su ejército de moscas cojoneras, se erigen en los salvadores de España. Salvo la gente de ERC, que nunca engañaron a nadie o los de En comú Podem que siempre estuvieron contra la independencia, pero a favor del referéndum, el resto han intentado rentabilizar el conflicto. ¿ Pero qué o quién pierde con tanto dislate...?
Los principales perjudicados por tanta incompetencia, son los ciudadanos de aquí y de allí, así como las libertades que tanto costó conseguir. En el caso de los catalanes, son doblemente víctimas, primero de sus políticos ex-convergentes, ahora del PDeCAT, que les vendieron una moto que difícilmente arrancará con éxito. Los ahora reconvertidos independentistas, nunca lo fueron, no pasaron de burgueses conservadores, de corte catalanista, que practicaban el idioma cuando asistían al Liceo o al Palau. Los catalanes, junto con el resto de españoles, también son víctimas del Gobierno ultranacionalista de Rajoy. Al perezoso PPresidente del reino, le ha venido de perlas el conflicto con Cataluña y quizás por eso nunca le dio una oportunidad ni al diálogo, ni a la política. Mientras el país habla de la independencia de los catalanes, no se habla de la corruPPción de los suyos, lo que le permite lanzar soflamas sobre la unidad de España sin que le apedreen por corruPPto y que reciben el apoyo poco crítico de sus incondicionales, como cuando con Rajoy en la oposición, los ultras peperos, pedían el boicot contra los productos catalanes.
Con todo esto y con el choque de trenes a punto, el inoperante gobierno nacional, ahora no puede permitir la segregación de una parte de España, lo que está llevando a Rajoy a judicializar todo el asunto, utilizando a su antojo al reprobado Fiscal general y a un cada vez menos creíble Tribunal Constitucional. Paralelamente, desde los cargos policiales de Interior, se ordena a policías y guardias civiles hacer registros de dudosa legalidad en imprentas o revistas de ámbito comarcal que atentan contra la libertad de estas empresas. Si este tipo de registros se hubieran llevado a cabo en Caracas, los mafiosos de la gaviota junto con sus bufones de Ciudadanos no hablarían de otra cosa, pero como la orden se ha dado desde el pseudo-democrático gobierno de Madrid, "bien hecho está". A todo esto hay que sumar la persecución a funcionarios y demás trabajadores públicos de Cataluña para evitar que colaboren en la organización del referéndum bajo amenazas de graves sanciones.
¿Y ahora que...? Sin duda el día 1 llegará y con él la guerra de la propaganda. Unos pondrán las urnas, aunque sean pocas y dotarán de solemnidad a un Process herido gravemente. Desde Madrid, venderán el fracaso del Govern y el triunfo de lo que ellos entienden por democracia. Después lo esperado, convocatoria de elecciones y un nuevo Process en marcha. Agotador. ¿No sería más fácil convocar un referéndum pactado y defender en la campaña cada uno sus legítimas posiciones? Los ciudadanos de ambos territorios lo agradeceríamos.
Con todo esto y con el choque de trenes a punto, el inoperante gobierno nacional, ahora no puede permitir la segregación de una parte de España, lo que está llevando a Rajoy a judicializar todo el asunto, utilizando a su antojo al reprobado Fiscal general y a un cada vez menos creíble Tribunal Constitucional. Paralelamente, desde los cargos policiales de Interior, se ordena a policías y guardias civiles hacer registros de dudosa legalidad en imprentas o revistas de ámbito comarcal que atentan contra la libertad de estas empresas. Si este tipo de registros se hubieran llevado a cabo en Caracas, los mafiosos de la gaviota junto con sus bufones de Ciudadanos no hablarían de otra cosa, pero como la orden se ha dado desde el pseudo-democrático gobierno de Madrid, "bien hecho está". A todo esto hay que sumar la persecución a funcionarios y demás trabajadores públicos de Cataluña para evitar que colaboren en la organización del referéndum bajo amenazas de graves sanciones.
¿Y ahora que...? Sin duda el día 1 llegará y con él la guerra de la propaganda. Unos pondrán las urnas, aunque sean pocas y dotarán de solemnidad a un Process herido gravemente. Desde Madrid, venderán el fracaso del Govern y el triunfo de lo que ellos entienden por democracia. Después lo esperado, convocatoria de elecciones y un nuevo Process en marcha. Agotador. ¿No sería más fácil convocar un referéndum pactado y defender en la campaña cada uno sus legítimas posiciones? Los ciudadanos de ambos territorios lo agradeceríamos.
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